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Una empresa ejecutada en un juicio ejecutivo previsional por cobro de prestaciones labo…

Informe · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

Una empresa ejecutada en un juicio ejecutivo previsional por cobro de prestaciones laborales y cotizaciones morosas presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 4 bis de la Ley N°17.322, que impide alegar abandono del procedimiento una vez acogida la acción e incoada en tribunal. Se alegó que esa norma vulneraba el artículo 19 N°3 inciso 6° de la Constitución, afectando derechos de la parte ejecutada. El requerimiento, presentado en gestión pendiente ante el 1º Juzgado de Letras de Los Andes, solicitó además la suspensión del procedimiento. Según lo resolutivo, el Tribunal Constitucional declaró que la aplicación de dicho precepto en esa causa es inaplicable por ser contraria al artículo 19 N°3 de la Constitución, al artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y al artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por cumplirse los requisitos de gestión pendiente.

Normas citadas

  • Artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la República
  • Artículos 79 y siguientes de la Ley N°17.997
  • Inciso segundo del artículo 4 bis de la Ley N°17.322
  • Artículo 19 N°3 inciso 6° de la Constitución Política de la República
  • Artículo 42 inciso 8° de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
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Preguntas frecuentes

¿Qué requisitos debe cumplir un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad para ser acogido?

En este caso, el Tribunal Constitucional consideró cumplidos los requisitos de gestión pendiente, dado que el requerimiento se presentó en un juicio ejecutivo previsional en tramitación ante el 1º Juzgado de Letras de Los Andes. Con ello acogió la solicitud de inaplicabilidad respecto del precepto impugnado.

¿Puede el ejecutado alegar la extinción del procedimiento por abandono en un juicio ejecutivo previsional una vez acogida la acción?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que la aplicación del inciso segundo del artículo 4 bis de la Ley N°17.322, que impide alegar abandono una vez acogida la acción e incoada en tribunal, es inaplicable en esa causa por afectar los derechos de la parte ejecutada.

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