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El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…

Informe · Diario Constitucional (fallos adjuntos a sus notas) · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una empresa ejecutada en un juicio ejecutivo previsional. Se impugnaba el inciso segundo del artículo 4 bis de la Ley N°17.322, que impide alegar abandono del procedimiento en cobros de cotizaciones previsionales. El requirente argumentó que dicha norma vulnera el debido proceso del artículo 19 N°3 de la Constitución. El Tribunal declaró inaplicable la norma para la causa seguida ante el 1° Juzgado de Letras de Los Andes, por ser contraria a la Constitución y a tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, y ordenó la suspensión del procedimiento.

Normas citadas

  • Ley N° 17.322
  • Ley N° 17.997
  • Artículo 4 bis de la Ley N° 17.322
  • Ley N° 20.087
  • Código de Procedimiento Civil
  • Código del Trabajo
  • Ley N° 20.023
  • Artículo 429 del Código del Trabajo

Preguntas frecuentes

¿Puede el empleador alegar abandono del procedimiento en un juicio ejecutivo por cobro de cotizaciones previsionales?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable el inciso segundo del artículo 4 bis de la Ley N°17.322, que impedía alegar abandono del procedimiento en estos cobros, por ser contrario al debido proceso del artículo 19 N°3 de la Constitución y a tratados de derechos humanos ratificados por Chile.

¿Qué efecto tiene un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en un juicio ejecutivo previsional?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento presentado por la empresa ejecutada, declaró inaplicable la norma solo para la causa que se seguía ante el 1° Juzgado de Letras de Los Andes y ordenó suspender el procedimiento.

¿Qué derecho constitucional se invoca para cuestionar la imposibilidad de alegar abandono en cobros de cotizaciones?

En este caso, la empresa requirente sostuvo que la prohibición vulnera el debido proceso consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución, argumento que el Tribunal acogió al declarar la inaplicabilidad de la norma.

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