El Tribunal Constitucional revisó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional revisó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 318 del Código Penal, en el contexto de las sanciones penales asociadas a las medidas sanitarias adoptadas durante la pandemia. Se cuestionó que el tipo penal no describía expresamente la conducta sancionada, remitiendo su determinación a resoluciones administrativas exentas, lo que, según la parte requirente, vulneraba el principio de legalidad penal del artículo 19 N° 3, inciso noveno, de la Constitución. El Tribunal acogió el requerimiento: concluyó que el precepto no cumple con los estándares de taxatividad y certeza, configurando una ley penal en blanco propia que delega en el Poder Ejecutivo una potestad reservada al legislador. Asimismo, consideró que la emergencia sanitaria no justifica esa delegación y que la indeterminación favorece una aplicación discrecional del poder punitivo. La parte final del fallo añade que la norma impugnada además restringe la independencia del juez penal, al obligarlo a ordenar la privación de libertad efectiva en caso de condena, sin otra alternativa.
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional un tipo penal que remite a resoluciones administrativas para definir la conducta sancionada?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y concluyó que el artículo 318 del Código Penal no cumple con los estándares de taxatividad y certeza. Sostuvo que configura una ley penal en blanco propia que delega en el Poder Ejecutivo una potestad reservada al legislador, por lo que vulnera el principio de legalidad penal.
¿La emergencia sanitaria permite delegar en el Poder Ejecutivo la definición de delitos?
En este caso, el Tribunal consideró que la emergencia sanitaria no justifica esa delegación en el Poder Ejecutivo. Estimó que la indeterminación del precepto favorece una aplicación discrecional del poder punitivo.
¿Puede una norma penal obligar al juez a imponer siempre privación de libertad efectiva?
En este caso, el Tribunal señaló que el artículo 318 del Código Penal restringe la independencia del juez penal, porque lo obliga a ordenar la privación de libertad efectiva en caso de condena, sin otra alternativa.
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