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El Tribunal Constitucional acogió la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario, que impone un interés penal del 1,5% mensual sobre valores reajustados ante la mora en el pago de impuestos. Se consideró que la norma vulnera la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Constitución) al tratar igual a contribuyentes morosos por su propia conducta y a aquellos cuya demora no les es imputable, como en el caso, donde la tardanza se debió a la inactividad de la Municipalidad y a la adecuación del contribuyente a un dictamen de la Contraloría General de la República. También se estimó que la aplicación automática y desproporcionada de la sanción, sin procedimiento racional y justo previo, infringe el artículo 19 N° 3 de la Constitución, pues impide a los tribunales distinguir situaciones objetivamente dispares. Se declaró inaplicable la norma en la gestión pendiente.

Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual

Preguntas frecuentes

¿El cobro automático del interés penal por mora tributaria vulnera el debido proceso en Chile?

Según este fallo, la aplicación automática y desproporcionada de la sanción, sin un procedimiento racional y justo previo, infringe el artículo 19 N° 3 de la Constitución. Además, impide a los tribunales distinguir situaciones objetivamente dispares al resolver la gestión pendiente.

¿Qué pueden hacer los contribuyentes para evitar el interés penal por mora si la demora no les es imputable?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y declaró inaplicable el inciso tercero del artículo 53 del Código Tributario en la gestión pendiente. Así, el tribunal que conoce del asunto no debe aplicar esa norma al caso concreto, que se refería a una demora causada por la inactividad municipal y por la adecuación a un dictamen de Contraloría.

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