El Segundo Juzgado de Policía Local de Talca conoció una denuncia por infracción a la L…
Sentencia · 2do JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TALCA · 2021
Resumen
El Segundo Juzgado de Policía Local de Talca conoció una denuncia por infracción a la Ley 19.496 sobre protección al consumidor, presentada por una clienta a la que se realizaron transferencias electrónicas no autorizadas desde su cuenta bancaria. El tribunal acogió la demanda y condenó al Banco del Estado de Chile por falta de seguridad en el servicio, infracción a los artículos 3º letra d) y 23 de la ley. Como consecuencia, le impuso una multa a beneficio municipal de 10 UTM y le ordenó pagar a la demandante $500.000 por concepto de daño moral, reajustables según el índice de precios al consumidor desde que la sentencia quede ejecutoriada. Además, dispuso costas a cargo del banco.
Normas citadas
Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra d
Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra e
Ley 19.496, Art. 23 Inc. 1
Sentencia DefinitivaInterés IndividualQuerella infraccional y demanda de indemnización de perjuicios
Preguntas frecuentes
¿El banco responde si se realizan transferencias electrónicas no autorizadas desde una cuenta bancaria según la Ley del Consumidor?
En este caso, el Segundo Juzgado de Policía Local de Talca acogió la denuncia y condenó al Banco del Estado de Chile por falta de seguridad en el servicio, infringiendo los artículos 3º letra d) y 23 de la Ley 19.496, tras transferencias no autorizadas desde la cuenta de una clienta.
¿Qué sanciones y pagos puede recibir un banco por transferencias electrónicas no autorizadas en Chile?
El tribunal impuso al banco una multa a beneficio municipal de 10 UTM y le ordenó pagar a la demandante $500.000 por daño moral, reajustables según el IPC desde que la sentencia quede ejecutoriada, además de las costas.
¿Procede indemnización por daño moral cuando un consumidor sufre transferencias bancarias no autorizadas?
En este caso, el tribunal concedió indemnización por daño moral a la clienta afectada por las transferencias no autorizadas, fijándola en $500.000 y ordenando su reajuste según el índice de precios al consumidor desde la ejecutoriedad de la sentencia.
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