La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un reclamo de protección interpuesto por un…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago conoció un reclamo de protección interpuesto por una ciudadana colombiana en contra de la resolución del Servicio Nacional de Migraciones que dispuso su expulsión del territorio nacional. La recurrente alegaba que la medida era ilegal e infundada, invocando la unidad familiar y el interés superior de una hermana menor de nacionalidad chilena, así como su arraigo familiar en Chile. La Corte rechazó el reclamo, sin costas, por estimar que la resolución se ajusta a la normativa vigente, en particular a la Ley N° 21.325 (artículo 128 N° 4 y artículo 129), y que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar del Servicio. Asimismo, el tribunal dejó constancia de que la recurrente fue condenada por asociación ilícita y usura reiterada, antecedentes que agravan su situación migratoria, aunque excedían el objeto de la causa.
Normas citadas
Artículo 129 de la Ley N° 21.325
Artículo octavo transitorio de la Ley N° 21.325
Resolución Exenta N° 22323796 del 27 de febrero de 2025
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Preguntas frecuentes
¿Puede el Servicio Nacional de Migraciones expulsar a un extranjero con arraigo familiar en Chile si tiene una condena penal?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo y estimó que la expulsión se ajustó a la Ley N° 21.325 (artículos 128 N° 4 y 129), sin ilegalidad ni arbitrariedad, considerando que la persona tenía condenas penales que agravaban su situación migratoria.
¿Prevalece el interés superior de un hermano menor chileno sobre una medida de expulsión migratoria?
En este caso, el tribunal no acogió el argumento de la unidad familiar ni del interés superior de una hermana menor chilena, y confirmó la resolución de expulsión por estimar que se ajustaba a la normativa vigente.
¿Qué puede hacer una persona extranjera para impugnar una resolución de expulsión ante la Corte de Apelaciones?
En este caso, la recurrente presentó un reclamo de protección que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, sin imposición de costas, al concluir que la resolución del Servicio Nacional de Migraciones no era ilegal ni arbitraria.
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