En un recurso de reclamación especial contra una resolución del Servicio Nacional de Mi…
Sentencia · Corte Suprema · 2024
Resumen
En un recurso de reclamación especial contra una resolución del Servicio Nacional de Migraciones que ordenaba la expulsión de una ciudadana venezolana por ingreso clandestino al país, la recurrente sostuvo que había ingresado por paso no habilitado junto a su hijo menor de edad, por razones económicas y sociales. La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la reclamación. Estimó que el acto impugnado carecía de justificación suficiente, pues no consideró los parámetros del artículo 129 de la Ley N° 21.325, en particular el interés superior del niño y la unidad familiar, dado que la reclamante acreditó tener un hijo de catorce años en el país bajo su cuidado. En consecuencia, dejó sin efecto la resolución y ordenó retrotraer el procedimiento sancionatorio a su inicio, otorgando plazo para descargos, sin costas.
Normas citadas
Artículo 141 de la Ley N° 21.325
Artículo 129 de la Ley N° 21.325
Artículo 136 N° 5 de la Ley N° 21.325
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Preguntas frecuentes
¿Puede expulsarse a una madre extranjera por ingreso clandestino si tiene un hijo menor de edad en Chile bajo su cuidado?
En este caso, la Corte Suprema confirmó que la resolución que ordenaba la expulsión carecía de justificación suficiente, porque no consideró el interés superior del niño y la unidad familiar exigidos por el artículo 129 de la Ley N° 21.325. Por eso se dejó sin efecto la resolución y se ordenó retrotraer el procedimiento sancionatorio para permitir descargos.
¿Qué debe considerar el Servicio Nacional de Migraciones antes de ordenar una expulsión por ingreso clandestino?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el Servicio debe ponderar los parámetros del artículo 129 de la Ley N° 21.325, como el interés superior del niño y la unidad familiar. Al no hacerlo, el acto administrativo fue anulado con retroacción del procedimiento.
¿Qué efecto tiene anular una resolución de expulsión de migraciones por falta de fundamentación?
En este caso, la Corte Suprema dejó sin efecto la resolución del Servicio Nacional de Migraciones y ordenó retrotraer el procedimiento sancionatorio a su inicio, otorgando plazo para descargos. No se impusieron costas.
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