La Corte Suprema conoció el recurso contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de C…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte Suprema conoció el recurso contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que había acogido el reclamo de una ciudadana venezolana contra su expulsión del territorio nacional. La reclamante ingresó al país por un paso no habilitado, causal grave de expulsión conforme a los artículos 127 N°1, 32 N°3 y 141 de la Ley N°21.325. Alegó vulneración del derecho de igualdad y contaba con arraigo familiar y laboral, pero no acompañó ante la autoridad migratoria antecedentes suficientes para acreditar las circunstancias del artículo 129 de la ley, pese a haber sido notificada del procedimiento sancionatorio. El tribunal concluyó que el acto administrativo se ajustó al principio de juridicidad, revocó la sentencia apelada y rechazó el reclamo contra el Servicio Nacional de Migraciones.
Normas citadas
Ley N°21.325 - Artículo 126
Ley N°21.325 - Artículo 127 N°1
Ley N°21.325 - Artículo 32 N°3
Ley N°21.325 - Artículo 141
Ley N°21.325 - Artículo 132
Convención de Derechos del Niño
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Preguntas frecuentes
¿Procede dejar sin efecto una expulsión administrativa si la persona ingresó al país por un paso no habilitado?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el ingreso por un paso no habilitado constituye causal grave de expulsión conforme a la Ley N°21.325, y que la expulsión se ajustó al principio de juridicidad. Por ello revocó la sentencia que la había dejado sin efecto y rechazó el reclamo.
¿Basta con alegar arraigo familiar y laboral para evitar la expulsión de un extranjero?
En este caso, la Corte Suprema concluyó que no basta con alegar arraigo si no se acompañan antecedentes suficientes ante la autoridad migratoria para acreditar las circunstancias del artículo 129 de la ley, pese a haber sido notificada del procedimiento. Por eso no acogió el argumento de arraigo.
¿Puede invocarse el derecho de igualdad para cuestionar una expulsión migratoria?
En este caso, la Corte Suprema desestimó la alegación de vulneración del derecho de igualdad, al considerar que el acto administrativo se ajustó a la ley migratoria. Así, la invocación de ese derecho no fue suficiente para anular la expulsión.
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