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La Corte de Apelaciones de Santiago acogió sin costas el reclamo de ilegalidad presenta…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió sin costas el reclamo de ilegalidad presentado por la Municipalidad de Santiago, sostenedora del Internado Nacional Barros Arana, contra una resolución de la Superintendencia de Educación Metropolitana que le impuso una multa por infracciones a normas de seguridad escolar. La Corte verificó que las infracciones fueron acreditadas y calificadas como menos graves, pero estimó que la sanción no guardaba armonía con el principio de proporcionalidad, considerando que no hubo beneficio económico para el establecimiento, que la multa equivalía a cerca del 20% de la subvención mensual por alumno, que de siete infracciones se confirmaron seis y que concurría una circunstancia atenuante. Dentro del rango legal de 51 a 500 UTM para infracciones menos graves, y limitado el control jurisdiccional a la legalidad del acto, rebajó prudencialmente la multa de 300 a 150 UTM.

Normas citadas

  • Ley N° 20.529
  • Circular N° 482, de 2018
  • Resolución Exenta 2025
  • Artículo 73 de la Ley N° 20.529
  • Artículo 78 de la Ley N° 20.529
  • Ley N° 19.979
  • Ley N° 19.880
  • Artículo 7° de la Ley N° 19.979
principio de proporcionalidadpotestad sancionatoria administrativareclamo de ilegalidadLey 20.529Superintendencia de Educaciónmulta a establecimientos educacionalesinfracciones menos gravescircunstancias atenuantes

Preguntas frecuentes

¿Puede un tribunal rebajar una multa impuesta por la Superintendencia de Educación si la considera desproporcionada?

En este caso, la Corte de Apelaciones acogió el reclamo y rebajó prudencialmente la multa de 300 a 150 UTM, dentro del rango legal, por estimar que la sanción no guardaba armonía con el principio de proporcionalidad.

¿Qué criterios considera la Corte para ajustar una multa por infracciones a normas de seguridad escolar?

La Corte consideró que no hubo beneficio económico para el establecimiento, que la multa equivalía a cerca del 20% de la subvención mensual por alumno, que de siete infracciones se confirmaron seis y que concurría una circunstancia atenuante.

¿Puede el tribunal revisar el monto de la sanción o solo la legalidad del acto administrativo?

En este caso, la Corte limitó el control jurisdiccional a la legalidad del acto, pero aun así rebajó prudencialmente la multa dentro del rango legal de 51 a 500 UTM para infracciones menos graves.

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