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La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Tercera Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó un recurso de protección presentado por un carabinero, quien cuestionaba la dilación en la tramitación de un sumario administrativo en su contra. La mayoría estimó que la demora no constituye un acto arbitrario, pues el procedimiento disciplinario aún no concluye por la propia actividad procesal del recurrente, quien solicitó la invalidación de actuaciones conforme al artículo 53 de la Ley N° 19.880. Además, la omisión atribuida a la autoridad no corresponde a un acto terminal que permita valorar una vulneración de garantías constitucionales. Un voto disidente habría revocado el fallo y rechazado el recurso por otros fundamentos.

Normas citadas

  • Artículo 53 de la Ley N° 19.880
sumario administrativocarabinerosdilación procesalgarantía de igualdadrecurso de protecciónarbitrariedadacto terminalprocedimiento disciplinario

Preguntas frecuentes

¿Constituye una vulneración de garantías constitucionales la demora en la tramitación de un sumario administrativo?

En este caso, la Corte Suprema estimó que la demora no es un acto arbitrario, porque el procedimiento aún no concluye por la propia actividad procesal del recurrente, quien pidió la invalidación de actuaciones conforme al artículo 53 de la Ley N° 19.880.

¿Procede el recurso de protección contra la omisión de la autoridad en la tramitación de un sumario?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la omisión atribuida a la autoridad no corresponde a un acto terminal que permita valorar una vulneración de garantías constitucionales, por lo que no acogió el recurso.

¿Qué efecto tiene la solicitud de invalidación de actuaciones en los plazos de un sumario administrativo?

En este caso, el tribunal consideró que la demora se explica por la solicitud de invalidación presentada por el propio recurrente conforme al artículo 53 de la Ley N° 19.880, lo que impide atribuirla como acto arbitrario de la autoridad.

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