Resumen
La Contraloría General de la República representó la resolución Nº 33, de 2016, de la Subsecretaría de Transportes, que había decretado el sobreseimiento de un procedimiento disciplinario relativo al devengo de facturas de diciembre de 2011 sin acreditar el avance físico de las obras. El órgano contralor estimó que la investigación omitió diligencias para determinar el incumplimiento de la obligación de esmero y eficiencia de los funcionarios involucrados, que habían sido designados como contraparte técnica de contratos cuestionados y que, según el fiscal, transgredieron el principio de estricta sujeción a las bases de licitación pública (artículo 61 de la ley N° 18.834). Señaló que el sobreseimiento por prescripción de la acción disciplinaria se fundó sin explicitar los fundamentos de hecho y derecho, pese a acreditarse la participación de los involucrados, y que el hecho de que ya no integren la institución no impide proceder. En consecuencia, ordenó reabrir el procedimiento y realizar las diligencias pertinentes, con plazo de 15 días hábiles.