El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra el Servicio Nacional de Migraciones. El reclamante cuestionaba la falta de respuesta a su trámite migratorio, pero no alegaba incumplimiento de las obligaciones de publicación que los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento imponen a los órganos de la Administración del Estado en sus sitios electrónicos. Por ello, el Consejo concluyó que el reclamo carecía de un elemento habilitante para su interposición. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde su notificación, y no procede el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Procede reclamar ante el Consejo para la Transparencia por la falta de respuesta a un trámite migratorio?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el reclamo porque el reclamante cuestionaba la falta de respuesta a su trámite migratorio, pero no alegaba incumplimiento de las obligaciones de publicación de transparencia activa de los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento.
¿Contra una resolución de inadmisibilidad del Consejo para la Transparencia procede reclamo de ilegalidad o reposición?
En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde la notificación, y que no procede el recurso de reposición.
¿Qué requisito debe cumplir un reclamo por infracción a la transparencia activa para ser admitido?
En este caso, el Consejo concluyó que el reclamo carecía de un elemento habilitante porque no se invocó un incumplimiento de las obligaciones de publicación que los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento imponen a los órganos de la Administración del Estado.
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