El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la expresión "en forma absoluta" del artículo 9° de la Ley N° 21.226, que regula los procesos judiciales durante la emergencia sanitaria por Covid-19. La norma impedía suspender audiencias en juicios penales cuando existían personas privadas de libertad. El tribunal concluyó que, aunque el legislador buscó dar celeridad a los procesos en beneficio del imputado preso, no previó que la defensa pudiera requerir suspender el procedimiento para una mejor preparación del caso. Así, en su aplicación al caso concreto, la norma debilitaba la posición jurídica del preso en el enjuiciamiento y resultaba contraria a la Constitución. Además, el fallo destacó que realizar un juicio oral en forma remota, alejando al privado de libertad de su abogado defensor, lesiona su dignidad, conforme al artículo 1° de la Constitución.
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Puede la defensa de un imputado preso pedir suspender una audiencia penal aunque la Ley N° 21.226 lo prohíba en forma absoluta durante la pandemia?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inaplicable la expresión "en forma absoluta" del artículo 9° de la Ley N° 21.226. Concluyó que la norma no contemplaba la posibilidad de que la defensa pidiera suspender el procedimiento para preparar mejor el caso, por lo que, en su aplicación concreta, era contraria a la Constitución.
¿Vulnera la dignidad del imputado privado de libertad un juicio oral realizado en forma remota, lejos de su abogado defensor?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que sí. Estimó que realizar el juicio oral en forma remota, alejando al privado de libertad de su abogado defensor, lesiona su dignidad conforme al artículo 1° de la Constitución.
¿Busca la ley de emergencia sanitaria beneficiar al imputado preso al dar celeridad a los procesos penales?
En este caso, el Tribunal Constitucional reconoció que el legislador buscó dar celeridad a los procesos en beneficio del imputado preso. Sin embargo, observó que la norma no previó que la defensa pudiera requerir suspender el procedimiento, lo que debilitaba la posición jurídica del preso en el enjuiciamiento.
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