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El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra la expresión "en forma absoluta" del artículo 9° de la Ley N° 21.226, que regulaba la suspensión de audiencias en juicios orales penales durante la emergencia sanitaria. El requirente alegó que dicha norma vulneraba el debido proceso, el derecho a defensa y la igualdad al obligar a realizar juicios orales de forma remota. El Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la expresión impugnada, por considerar que la realización de juicios orales penales vía remota impide el respeto íntegro de los principios de oralidad, inmediación y publicidad, configurando una vulneración a la garantía del debido proceso, además de generar discriminación por la brecha digital existente en el país.

Tribunal ConstitucionalINA

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional obligar a realizar juicios orales penales de forma remota durante una emergencia sanitaria?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad y declaró inconstitucional la expresión "en forma absoluta" del artículo 9° de la Ley N° 21.226. Estimó que realizar juicios orales penales vía remota impide respetar íntegramente la oralidad, la inmediación y la publicidad, vulnerando el debido proceso.

¿La brecha digital puede dar lugar a discriminación en la realización de juicios penales?

En este caso, el Tribunal sostuvo que la obligación de realizar juicios orales penales de forma remota generaba discriminación por la brecha digital existente en el país. Por ello, consideró que la norma también vulneraba la igualdad.

¿Qué pasa si una ley obliga a suspender las audiencias presenciales y reemplazarlas por juicios remotos sin excepciones?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa obligación absoluta, al considerar que vulneraba el debido proceso y el derecho a defensa. La decisión se fundó en que la modalidad remota impedía el respeto íntegro de los principios de oralidad, inmediación y publicidad.

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