El Tribunal Constitucional resolvió el control preventivo de constitucionalidad del pro…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió el control preventivo de constitucionalidad del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, en lo referido al régimen normativo aplicable a su personal. La Magistratura concluyó que no tiene iniciativa de oficio para ejercer el control preventivo obligatorio del artículo 93 N° 1 de la Constitución, ya que la actuación de oficio es excepcional y solo procede en los casos expresamente previstos en la Constitución o la ley, y que ninguna norma la habilita para ello. En consecuencia, la legitimación para activar este control recae en el Congreso Nacional, en coherencia con el principio de juridicidad que obliga a los órganos públicos a actuar únicamente dentro de su competencia.
Normas citadas
artículo 38, inciso primero
Tribunal ConstitucionalCPRVictimaAdministración PúblicaLey Orgánica Constitucional de bases de la Administración PúblicaServicio PublicoDerecho a la Integridad física y psíquicaDelitos Contra La Integridad Sexual
Preguntas frecuentes
¿El Tribunal Constitucional puede iniciar de oficio un control preventivo de constitucionalidad de un proyecto de ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que no tiene iniciativa de oficio para ejercer el control preventivo obligatorio del artículo 93 N° 1 de la Constitución, porque la actuación de oficio es excepcional y solo procede en los casos expresamente previstos en la Constitución o la ley.
¿Quién tiene la legitimación para activar el control preventivo de constitucionalidad de un proyecto de ley en Chile?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la legitimación para activar este control recae en el Congreso Nacional, en coherencia con el principio de juridicidad que obliga a los órganos públicos a actuar solo dentro de su competencia.
¿Qué principio fundamenta que un tribunal solo actúe dentro de los casos previstos por la ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional fundó su decisión en el principio de juridicidad, que obliga a los órganos públicos a actuar únicamente dentro de su competencia, y señaló que ninguna norma lo habilita para actuar de oficio en este control.
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