Resumen
La Corte Suprema conoció de un recurso de protección interpuesto por un funcionario público cuya contrata no fue renovada para el año 2025. El recurrente, quien percibía una pensión de retiro de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, había trabajado en la Dirección General de Aeronáutica Civil desde 2018 con sucesivas prórrogas. La autoridad administrativa decidió no renovar su contrata por razones de optimización de recursos, argumentando que el funcionario ya recibía ingresos del Estado por otra vía. La Corte de Apelaciones acogió el recurso, aplicando el principio de confianza legítima. Sin embargo, la Corte Suprema revocó dicha decisión, estableciendo que el principio de confianza legítima no ampara a funcionarios que cuentan con otra fuente de ingresos, como una pensión, y que la decisión de no renovar se basó en motivos objetivos de eficiencia. La mayoría consideró que no hubo arbitrariedad, mientras que un sector disidente estimó que la no renovación era arbitraria por haberse conocido la pensión desde el inicio de la relación laboral.