La Corte de Apelaciones de Temuco conoció un recurso de protección presentado por un fu…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Temuco conoció un recurso de protección presentado por un funcionario a contrata de la Subsecretaría de Derechos Humanos, contra la resolución que puso término a su contrata. El recurrente alegó vulneración del principio de confianza legítima y falta de fundamentación del acto administrativo. La Corte acogió el recurso, por estimar que la resolución se basaba en argumentos genéricos sobre reestructuración interna y presupuesto, sin explicar por qué se prescindía de ese funcionario en particular, lo que la hacía ilegal y arbitraria y lesionaba garantías constitucionales. En consecuencia, dejó sin efecto la resolución y ordenó el reintegro inmediato del funcionario a sus funciones, con todos sus derechos y remuneraciones, en el plazo de diez días desde que la sentencia quede firme. El fallo reconoce que la Administración puede poner término a contratas, siempre que el acto esté debidamente fundado.
Normas citadas
Artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República (derecho de propiedad)
Principio de confianza legítima (jurisprudencia Corte Suprema)
confianza legítimafuncionario a contratano renovación de contrataacto administrativo arbitrariofalta de fundamentaciónderechos fundamentalesrecurso de protecciónderecho administrativo laboral
Preguntas frecuentes
¿Debe fundamentarse la resolución que pone término a una contrata en la Administración del Estado en Chile?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Temuco sostuvo que sí, porque la resolución que puso término a la contrata se basó en argumentos genéricos sobre reestructuración y presupuesto, sin explicar por qué se prescindía de ese funcionario en particular. Reconoció que la Administración puede poner término a contratas siempre que el acto esté debidamente fundado.
¿Qué pasa si una resolución que termina una contrata no está bien fundada en Chile?
En este caso, la Corte acogió el recurso de protección por estimar que la resolución era ilegal y arbitraria, y lesionaba garantías constitucionales. Dejó sin efecto el acto y ordenó el reintegro inmediato del funcionario con todos sus derechos y remuneraciones, en el plazo de diez días desde que la sentencia quede firme.
¿Puede invocarse el principio de confianza legítima para impugnar el término de una contrata en el sector público?
En este caso, el recurrente alegó la vulneración del principio de confianza legítima junto con la falta de fundamentación del acto administrativo. El resumen no permite precisar cómo resolvió la Corte ese argumento, pues su decisión se apoyó en la falta de fundamentación.
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