Un funcionario contratado por la Subsecretaría de Prevención del Delito interpuso recur…
Sentencia · Corte Suprema · 2023
Resumen
Un funcionario contratado por la Subsecretaría de Prevención del Delito interpuso recurso de protección contra la resolución que puso término anticipado a su designación de contrata, alegando falta de motivación, vulneración de la confianza legítima por las renovaciones sucesivas de su contrata y la existencia del puesto de trabajo. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso. Estimó que la resolución impugnada expresa los motivos y antecedentes de hecho y de derecho de la decisión, por lo que no se constató actuar arbitrario o ilegal ni vulneración de las garantías invocadas. Además, señaló que la justificación, mérito o conveniencia de la contratación excede el propósito de una acción cautelar, y que acoger la pretensión implicaría sustituir a la Administración en la gestión de sus recursos.
Normas citadas
Artículo 11 de la Ley N° 19.880
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre protección
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Preguntas frecuentes
¿Es arbitrario el término anticipado de una contrata si la resolución no expone sus motivos?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la resolución sí expresa los motivos y antecedentes de hecho y de derecho de la decisión, por lo que no hay falta de motivación ni actuar arbitrario o ilegal. Por eso rechazó el recurso de protección.
¿Las renovaciones sucesivas de una contrata generan confianza legítima para mantener el empleo?
En este caso, la Corte Suprema rechazó el reclamo basado en la confianza legítima derivada de las renovaciones sucesivas, al no constatar vulneración de garantías en la terminación de la designación. El fallo no reconoce un derecho a la renovación indefinida.
¿Puede un tribunal de protección revisar si la Administración debía contratar o mantener un cargo?
En este caso, la Corte Suprema señaló que la justificación, mérito o conveniencia de la contratación excede el propósito de una acción de protección. Acoger la pretensión implicaría sustituir a la Administración en la gestión de sus recursos.
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