Resumen
La Contraloría General de la República examinó un dictamen relativo a la sanción de destitución impuesta por la Policía de Investigaciones de Chile a un funcionario mediante la Resolución N° 60, de 2011. El recurrente alegó que los testigos del sumario eran parciales, que los hechos no dieron lugar a formalización penal y que su responsabilidad había prescrito. El organismo recordó que, conforme al artículo 120 de la ley N° 18.834, la responsabilidad administrativa y la penal son independientes, por lo que un sobreseimiento o absolución criminal no impide sancionar disciplinariamente los mismos hechos. Respecto de la parcialidad, no se aportaron antecedentes que la justificaran. Tras revisar el sumario, no se advirtieron otros vicios, ni infracción al debido proceso, ni prescripción. En consecuencia, la Contraloría tomó razón de la resolución, que mantuvo la destitución, y desestimó las alegaciones del recurrente.