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El Consejo para la Transparencia, por decisión unánime de su Consejo Directivo, acogió…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2018

Resumen

El Consejo para la Transparencia, por decisión unánime de su Consejo Directivo, acogió un amparo y ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero entregar el estudio de cargas de trabajo y dotación óptima de su Región de Aysén, elaborado por una consultora privada en abril de 2017, con los datos personales de contexto previamente tarjados. La discusión giraba en torno a si el órgano podía negar el acceso invocando la causal de reserva del privilegio deliberativo. El Consejo concluyó que la causal no se configuraba: el propio órgano reconoció que no existían decisiones determinadas a partir del informe, sólo posibilidades inciertas, lo que no satisface el requisito de certidumbre en la adopción de una resolución. Además, sus alegaciones sobre afectación al funcionamiento del órgano fueron generales y no explicaron qué funciones se verían perjudicadas ni de qué modo. Se dio un plazo de cinco días hábiles para cumplir y acreditar la entrega, y se dejó constancia de los recursos procedentes.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Puede un órgano público negar el acceso a un estudio de dotación invocando el privilegio deliberativo?

En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que no, porque el propio órgano reconoció que no existían decisiones determinadas a partir del informe, solo posibilidades inciertas, lo que no cumple el requisito de certidumbre que exige la causal.

¿Basta con alegar que la entrega afectaría el funcionamiento de un servicio público para denegar una solicitud de información?

No necesariamente. En este caso, el Consejo estimó que las alegaciones del Servicio Agrícola y Ganadero sobre afectación de su funcionamiento fueron generales, sin explicar qué funciones se verían perjudicadas ni de qué modo.

¿Qué puede hacer una persona si un servicio público no entrega información que le fue solicitada?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado y ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero entregar el estudio solicitado, con los datos personales de contexto tarjados, dando un plazo de cinco días hábiles para cumplir.

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