El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la expresión "en forma absoluta" del artículo 9° de la Ley N° 21.226, que había suspendido las audiencias penales durante la emergencia sanitaria por Covid-19. La discusión se centró en si la norma, al tornar imposible la realización presencial de los juicios orales, obligaba a su desarrollo remoto y afectaba el debido proceso, la defensa y los principios de oralidad, inmediación y publicidad. El fallo acoge el requerimiento. Los fundamentos que lo sustentan señalan que el juicio en línea no cumple cabalmente con esos principios y, por tanto, no asegura un efectivo derecho a defensa. Se añade que la brecha digital genera discriminación por razones económicas, educacionales y territoriales, lo que refuerza la vulneración del debido proceso en los juicios orales penales realizados de forma remota.
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Puede un juicio oral penal realizarse en forma remota durante una emergencia sanitaria si la ley impide las audiencias presenciales?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento contra la expresión "en forma absoluta" del artículo 9° de la Ley N° 21.226. Sostuvo que el juicio en línea no cumple cabalmente con los principios de oralidad, inmediación y publicidad, y que no asegura un efectivo derecho a defensa.
¿El juicio oral penal remoto vulnera el debido proceso por la brecha digital?
En este caso, el Tribunal Constitucional fundamentó que la brecha digital genera discriminación por razones económicas, educacionales y territoriales. Estimó que esto refuerza la vulneración del debido proceso en los juicios orales penales realizados de forma remota.
¿Qué principios procesales penales están en juego cuando se suspenden las audiencias presenciales por el Covid-19?
En este caso, la discusión se centró en la defensa, el debido proceso y los principios de oralidad, inmediación y publicidad. El Tribunal Constitucional concluyó que la norma, al tornar imposible la realización presencial de los juicios orales, afectaba esos principios.
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