El Tribunal Constitucional se pronunció sobre un requerimiento de inaplicabilidad por i…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional se pronunció sobre un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra la expresión "en forma absoluta" contenida en el artículo 9° de la Ley N° 21.226, que regulaba la suspensión de audiencias penales respecto de personas privadas de libertad durante la emergencia sanitaria por Covid-19. El requirente sostenía que dicha norma vulneraba el debido proceso, el derecho a defensa y la inmediación, al permitir juicios orales realizados de manera remota. El tribunal acogió el requerimiento, razonando que los juicios en línea no cumplen íntegramente con los principios de oralidad, inmediatez y publicidad, y que la denominada brecha digital genera desigualdades de acceso por razones económicas, culturales, educacionales y territoriales, lo que impide respetar cabalmente el derecho a defensa. La decisión contó con la concurrencia de la mayoría de los ministros, aunque algunos formularon prevenciones y una disidencia.
Tribunal ConstitucionalINA
Preguntas frecuentes
¿Son constitucionales los juicios penales orales realizados de forma remota durante la pandemia?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inaplicable la expresión 'en forma absoluta' del artículo 9° de la Ley N° 21.226, porque los juicios en línea no cumplen íntegramente con los principios de oralidad, inmediatez y publicidad.
¿Vulnera la brecha digital el derecho a defensa en juicios penales remotos?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la brecha digital genera desigualdades de acceso por razones económicas, culturales, educacionales y territoriales, lo que impide respetar cabalmente el derecho a defensa en juicios remotos.
¿Qué principios del debido proceso se afectan con la realización de juicios orales por videoconferencia?
En este caso, el Tribunal Constitucional razonó que los juicios en línea no cumplen íntegramente con los principios de oralidad, inmediatez y publicidad, y que ello afecta el derecho a defensa y el debido proceso.
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