El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Gobernación Provincial de A…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Gobernación Provincial de Arica, por no haber entregado información estadística sobre la cantidad de solicitudes, rechazos y solicitudes aceptadas, con el desglose de variables requerido. El Consejo estimó que se trata de información de naturaleza pública y que el órgano incumplió su obligación de informar conforme al artículo 15 de la Ley de Transparencia. Ordenó la entrega en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, tarjando los datos personales y sensibles de contexto según el principio de divisibilidad y la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Si parte de la información no obra en poder del órgano, deberá comunicarlo al reclamante y al Consejo, fundando las razones. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Constitución Política de la República
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoGrupos de interés especial
Preguntas frecuentes
¿Está obligado un órgano de la Administración del Estado a entregar estadísticas sobre solicitudes de información y sus resultados?
En este caso, el Consejo para la Transparencia estimó que esas estadísticas son información pública y que la Gobernación Provincial de Arica incumplió su deber de informar conforme al artículo 15 de la Ley de Transparencia. Por eso acogió el amparo y ordenó la entrega con el desglose solicitado.
¿Qué ocurre si un órgano público no tiene en su poder parte de la información que le piden por transparencia?
En este caso, el Consejo resolvió que, si parte de la información no obra en poder del órgano, éste debe comunicarlo al reclamante y al Consejo, fundando las razones. Así, la falta de posesión debe justificarse y no basta con guardar silencio.
¿Cómo se protegen los datos personales cuando se entrega información pública con carácter estadístico?
En este caso, el Consejo ordenó tarjar los datos personales y sensibles de contexto, aplicando el principio de divisibilidad y la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Con ello se entrega la información pública y se resguarda la privacidad de las personas.
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