Resumen
La Contraloría General de la República rechazó una solicitud de reconsideración presentada contra el dictamen N° 7.626, de 2014, que había concluido que un funcionario de la Municipalidad de Constitución no tenía derecho al pago retroactivo de remuneraciones por el período comprendido entre la publicación de la ley N° 20.250 y su traspaso a la dotación de salud. El peticionario sostenía que su reclamo no cuestionaba la validez del decreto de traspaso, sino los perjuicios derivados de la demora municipal en efectuarlo. El organismo concluyó que las alegaciones reiteraban asuntos ya resueltos y no aportaban nuevos antecedentes de hecho o de derecho, por lo que ratificó el criterio anterior. Además, precisó que los plazos fijados para la Administración no son fatales, que el traspaso solo produjo efectos desde la emisión del decreto de contratación indefinida, y que la medida no implicó una disminución de los ingresos previos, como exige el artículo cuarto transitorio de la ley N° 20.250.