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La empresa Ferroelectronic SpA interpuso un reclamo de ilegalidad contra la Superintend…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La empresa Ferroelectronic SpA interpuso un reclamo de ilegalidad contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por una multa de 150 UTM impuesta por comercializar productos eléctricos sin certificación vigente y sin marcadores de seguridad. La recurrente sostuvo que la SEC había llegado a una conclusión incorrecta en cuatro de los cinco productos fiscalizados y que existía imposibilidad jurídica y material de cumplimiento en dos casos. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo, con costas, al estimar que la SEC actuó dentro de sus facultades legales y que la resolución sancionatoria no adolece de vicios de legalidad. Para ello, consideró que la multa se ubica en el tramo más bajo de los parámetros de los artículos 16 N° 2 y 16 A de la Ley N° 18.410, por no existir sanciones previas, y que el procedimiento se ajustó al Título III del Decreto Supremo N° 119 de 1989.

Normas citadas

  • Ley N° 18.410
  • Decreto Supremo N° 119 de 1989 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
  • Decreto Supremo N° 298 de 2005 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción
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Preguntas frecuentes

¿Puede la SEC multar a un comercializador de productos eléctricos que no tiene certificación vigente ni marcadores de seguridad?

En este caso, la Corte Suprema confirmó que la SEC actuó dentro de sus facultades legales al sancionar a la empresa por comercializar productos sin certificación vigente y sin marcadores de seguridad, rechazando el reclamo de ilegalidad.

¿Cómo se determina el monto de una multa de la SEC según la Ley N° 18.410?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la multa de 150 UTM se ubicó en el tramo más bajo de los parámetros de los artículos 16 N° 2 y 16 A de la Ley N° 18.410, por no existir sanciones previas.

¿Procede alegar imposibilidad de cumplimiento para evitar una sanción de la SEC por productos eléctricos?

En este caso, la Corte Suprema desestimó la alegación de imposibilidad jurídica y material de cumplimiento, al considerar que el procedimiento se ajustó al Título III del Decreto Supremo N° 119 de 1989 y que la resolución sancionatoria no adolece de vicios de legalidad.

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