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La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación de ilegalidad int…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación de ilegalidad interpuesto por una empresa en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que la sancionó con una multa de 180 UTM por comercializar artefactos eléctricos sin certificación de seguridad previa ni marcado de seguridad, detectado en una fiscalización virtual. La Corte confirmó que la comercialización de productos eléctricos sin certificación constituye una infracción objetiva que afecta el interés público y la seguridad de la población, por lo que la sanción resulta legal, proporcional y necesaria. Además, consideró que la multa era reducida en comparación al máximo legal y acorde a la capacidad económica de la empresa.

Normas citadas

  • Artículo 3° N°14 de la Ley N°18.410
  • Artículo 3° N°15 de la Ley N°18.410
  • Artículo 3° N°16 A de la Ley N°18.410
  • Artículo 7 de la Constitución Política de la República
  • Artículo 19 de la Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes

¿Puede sancionarse la comercialización de artefactos eléctricos sin certificación de seguridad aunque no haya habido daños?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que comercializar productos eléctricos sin certificación constituye una infracción objetiva que afecta el interés público y la seguridad de la población, por lo que la sanción es legal, sin necesidad de acreditar daños.

¿Es legal una multa de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por vender productos eléctricos sin marcado de seguridad?

En este caso, la Corte rechazó el reclamo de ilegalidad y confirmó la multa impuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, por considerarla legal, proporcional y necesaria para proteger la seguridad pública.

¿Cómo se determina si una multa por infracción eléctrica es proporcional a la empresa sancionada?

En este caso, la Corte consideró que la multa era reducida en comparación con el máximo legal y acorde a la capacidad económica de la empresa, razón por la cual la estimó proporcional.

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