Resumen
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos conoció la demanda de una empresa chipriota contra Turquía por bienes abandonados en el norte de Chipre en 1974, cuyas reclamaciones se tramitan ante la Comisión de Propiedad Inmueble (IPC). La Corte acogió parcialmente la demanda: constató una violación del artículo 1 del Protocolo N.º 1 por falta de coherencia, diligencia y expedición de la IPC al examinar la reclamación, y consideró necesaria la participación de una fundación religiosa como tercero para garantizar un juicio justo. Ordenó al Estado continuar acelerando los procedimientos y crear un recurso efectivo que asegure una reparación genuina frente a los retrasos. En voto disidente, una jueza discrepó del análisis bajo el artículo 46, sosteniendo que se trataba de un defecto procesal y no de un problema estructural.