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Libre competencia

La Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de…

Resolución · Fiscalía Nacional Económica · 2013

Resumen

La Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra una asociación gremial de ginecólogos obstetras de la provincia de Ñuble y otros profesionales, por presuntas infracciones al Decreto Ley N° 211 en materia de libre competencia. En la parte resolutiva del documento, la Fiscalía solicita que se imponga a la asociación gremial una multa de 100 Unidades Tributarias Anuales, o el monto que el tribunal estime ajustado a derecho, y que se ordene su disolución. Además, pide que se condene a las requeridas al pago de las costas. El escrito también designa receptores judiciales para las notificaciones y diligencias, acredita la personería del fiscal y confiere poder a varios abogados para la representación en el proceso.

Normas citadas

  • Decreto Ley N° 211

Preguntas frecuentes

¿Qué sanciones puede pedir la Fiscalía Nacional Económica contra un gremio por infracciones a la libre competencia?

En este caso, la Fiscalía Nacional Económica solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que imponga a la asociación gremial una multa de 100 Unidades Tributarias Anuales, o el monto que el tribunal estime ajustado a derecho, y que ordene su disolución.

¿La Fiscalía Nacional Económica puede solicitar la disolución de una asociación gremial por conductas anticompetitivas?

Sí, en este caso la Fiscalía Nacional Económica pidió expresamente al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que ordene la disolución de la asociación gremial requerida por presuntas infracciones al Decreto Ley N° 211.

¿Qué debe hacer la Fiscalía Nacional Económica al presentar un requerimiento por libre competencia?

En este caso, la Fiscalía Nacional Económica presentó el requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, designó receptores judiciales para notificaciones y diligencias, acreditó la personería de su fiscal y confirió poder a abogados para la representación en el proceso.

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