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Una empresa de servicios eléctricos impugnó la adjudicación de una licitación pública d…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2026

Resumen

Una empresa de servicios eléctricos impugnó la adjudicación de una licitación pública de mejoramiento de iluminación pública convocada por la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda. Sostuvo que la empresa adjudicada y otros oferentes omitieron informar contratos vigentes en el Formato N°8 de capacidad económica, lo que, a su juicio, debía llevar a declarar inadmisibles sus ofertas. El Tribunal de Contratación Pública concluyó que las omisiones no eran sustanciales ni afectaban la evaluación objetiva de las ofertas, pues no se acreditó que fueran determinantes para la capacidad económica de los oferentes. Aplicó el principio de no formalización, que impide invalidar propuestas por vicios formales o datos meramente informativos cuando lo sustancial se cumple. En consecuencia, rechazó la acción de impugnación y condenó en costas a la demandante.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Procede declarar inadmisible una oferta en una licitación pública si omite contratos vigentes en el formulario de capacidad económica?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública concluyó que las omisiones no fueron sustanciales ni afectaron la evaluación objetiva de las ofertas, porque no se acreditó que fueran determinantes para la capacidad económica de los oferentes. Por eso no declaró la inadmisibilidad.

¿Qué es el principio de no formalización en las licitaciones públicas en Chile?

En este caso, el tribunal aplicó el principio de no formalización, que impide invalidar propuestas por vicios formales o por datos meramente informativos cuando lo sustancial se cumple. Lo usó para rechazar la impugnación contra la adjudicación.

¿Qué pasa si el Tribunal de Contratación Pública rechaza una acción de impugnación de adjudicación en una licitación municipal?

En este caso, el tribunal rechazó la acción de impugnación contra la adjudicación de la licitación de iluminación pública y condenó en costas a la empresa demandante. La Ley 19.886 fue la norma aplicable al análisis.

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