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El Tribunal de Contratación Pública acogió la acción de impugnación presentada por dos…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2023

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública acogió la acción de impugnación presentada por dos oferentes contra la Municipalidad de Limache en la licitación del servicio de mantenimiento de alumbrado público comunal. Se discutía la legalidad de la evaluación de ofertas y del decreto alcaldicio que adjudicó el contrato, por considerar que la propuesta ganadora era económicamente inviable: las remuneraciones ofertadas superaban el monto de la oferta, generando un déficit que evidenciaba su incapacidad de costear los costos fijos y configuraba un fraude a las bases. El tribunal declaró ilegales y arbitrarios tanto la evaluación de las ofertas como el decreto de adjudicación, dejándolos sin efecto, y ordenó retrotraer el proceso licitatorio a la etapa de evaluación, excluyendo la oferta del adjudicado, para que una comisión evaluadora no inhabilitada reevalúe las ofertas admisibles y continúe el proceso hasta su conclusión. Además, condenó a la municipalidad demandada al pago de las costas por resultar totalmente vencida.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer un oferente si considera que la evaluación de su propuesta en una licitación municipal es ilegal o arbitraria?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió la impugnación de dos oferentes contra la Municipalidad de Limache, declarando ilegal y arbitraria la evaluación de las ofertas y el decreto de adjudicación, dejándolos sin efecto.

¿Qué ocurre si la oferta ganadora de una licitación pública es económicamente inviable porque las remuneraciones superan el monto ofertado?

En este caso, el tribunal consideró que esa situación generaba un déficit que evidenciaba la incapacidad de costear los costos fijos y configuraba un fraude a las bases, por lo que excluyó la oferta del adjudicado.

¿Qué efectos tiene acoger una impugnación contra la adjudicación de una licitación pública?

En este caso, el tribunal dejó sin efecto la evaluación y el decreto de adjudicación, ordenó retrotraer el proceso a la etapa de evaluación para que una comisión no inhabilitada reevalúe las ofertas admisibles, y condenó a la municipalidad al pago de las costas.

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