Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto contra la Superintendencia de Educación y ordenó la entrega de un expediente administrativo de denuncia. El Consejo estimó que se trataba de información vinculada a un procedimiento administrativo en el que la parte solicitante tiene calidad de interesada. Conforme al principio de divisibilidad y a la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, el órgano deberá tarjar o anonimizar los datos personales y sensibles de terceros, especialmente los que permitan identificar a menores de edad distintos del hijo de la solicitante. La entrega deberá efectuarse previa verificación de identidad y por un medio distinto de la entrega personal, bajo apercibimiento de sanciones previstas en la Ley de Transparencia y con la obligación de acreditar su cumplimiento.