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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto por el requirente respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, en una causa penal tramitada ante el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago. El requirente sostuvo que la norma vulneraba la igualdad ante la ley, la no discriminación y el derecho a un procedimiento racional y justo. El Tribunal concluyó que la disposición no es inconstitucional, pues el legislador puede establecer formas de presidio efectivo para determinados delitos, como los de violencia de género, uso de armas prohibidas o robadas, tráfico ilícito y producción de drogas, sin que ello resulte discriminatorio ni carente de razonabilidad. Precisó además que la eventual pena aplicable al caso concreto corresponde ser determinada por el tribunal penal competente.

Normas citadas

  • Artículo 1° de la Constitución Política
  • Artículo 19 numeral 2° de la Constitución Política
  • Artículo 19 numeral 3°, inciso sexto, de la Constitución Política
  • Artículo 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
  • Ley Nº 18.216
inconstitucionalidadigualdad ante la leyno discriminaciónprocedimiento racional y justoproporcionalidad de las penas

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la Ley 18.216 exija presidio efectivo para ciertos delitos, como los de violencia de género o tráfico de drogas?

En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que la norma no es inconstitucional, porque el legislador puede establecer formas de presidio efectivo para determinados delitos sin que ello sea discriminatorio ni carente de razonabilidad.

¿Puede el Tribunal Constitucional discutir la pena concreta que corresponde aplicar en una causa penal mediante un requerimiento de inaplicabilidad?

En este caso, el Tribunal precisó que la eventual pena aplicable al caso concreto corresponde ser determinada por el tribunal penal competente, y no por el Tribunal Constitucional.

¿Vulnera la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo una norma que restringe beneficios de cumplimiento alternativo de penas?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento que sostenía esa vulneración, al estimar que la disposición impugnada no contraría la igualdad ante la ley ni el debido proceso.

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