Resumen
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por violaciones a derechos humanos de 80 habitantes de La Oroya, derivadas de la contaminación producida por el C.M.L.O. (CMLO) y de la falta de regulación y fiscalización estatal. Se consideró vulnerado el derecho a un medio ambiente sano, la salud, la vida y la integridad personal. El tribunal estimó que el Estado incumplió su obligación de desarrollo progresivo al modificar de forma regresiva los estándares de calidad del aire, que no adoptó medidas de protección diferenciada para la niñez y que, durante más de 17 años, no cumplió una sentencia del Tribunal Constitucional, lo que afectó el derecho a la protección judicial. También se le atribuyó no investigar hostigamientos, amenazas y represalias contra las víctimas. Como medidas, se ordenó atención de salud, asegurar que el CMLO opere conforme a estándares ambientales internacionales, compensación ambiental, capacitación judicial y administrativa, un sistema de información sobre calidad del aire y agua, y un plan de reubicación, además de indemnizaciones y reintegro de costas. La Corte supervisará el cumplimiento de la sentencia.