Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el personal de empresas de monitoreo de alarmas que realiza labores de verificación, concluyendo que presta servicios de seguridad y que, por ello, está afecto al artículo 5° bis del decreto ley N° 3.607, de 1981, y sujeto a la tuición y control de Carabineros de Chile. En cuanto a lo resolutivo, el organismo determinó que no existen normas legales que habiliten al Ministerio del Interior y Seguridad Pública a obligar a conectar las alarmas a la central policial ni a configurar una causal de revocación de la autorización para operar, por incidir en la libertad económica garantizada por el artículo 19, N° 21°, de la Constitución. Asimismo, estimó carente de sustento jurídico el cobro por falsas alarmas, por tratarse de una sanción administrativa a particulares sin atribución legal expresa y sin precisar la conducta reprochable. En consecuencia, ordenó a Carabineros y al Ministerio dejar sin efecto la resolución exenta N° 311, de 2013, y el decreto exento N° 4.167, de 2013, junto con actos similares, e informar a la Contraloría. Finalmente, precisó que lo anterior no impide a la Subsecretaría de Prevención del Delito celebrar convenios con instituciones públicas o privadas en materia de prevención del delito.