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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por un abogado en contra del artículo 231 del Código Penal, que sanciona con inhabilitación especial perpetua al abogado que perjudique maliciosamente a su cliente. El requirente, que enfrentaba una querella por prevaricación y otros delitos ante un juzgado de garantía de Santiago por su actuación como mandatario judicial de afectados por incendios forestales, alegaba que la norma vulneraba la proporcionalidad y el debido proceso al imponer una pena perpetua sin graduación. El Tribunal estimó que la disposición no es desproporcionada, pues permite al juez aplicar desde suspensión en grado mínimo hasta inhabilitación perpetua, y que no afecta el derecho a defensa, ya que toda sentencia debe ser fundada y es recurrible. En consecuencia, se rechazó el requerimiento y no se condenó en costas a la requirente por haber tenido motivo plausible para litigar.

Normas citadas

  • Código penal
  • Artículo 231 del Código Penal
  • Código Tributario
  • Código Procesal Penal
  • Código Orgánico de Tribunales
  • Ley N° 19.828
  • Ley N° 20.422
  • Ley N° 17.997
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Preguntas frecuentes

¿Es constitucional la inhabilitación especial perpetua del artículo 231 del Código Penal para abogados que perjudican maliciosamente a su cliente?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y estimó que la norma no es desproporcionada, porque el juez puede aplicar desde suspensión en grado mínimo hasta inhabilitación perpetua, según la gravedad del caso.

¿La pena perpetua sin graduación del artículo 231 del Código Penal vulnera el debido proceso o el derecho a defensa?

El Tribunal sostuvo que no afecta el derecho a defensa, porque toda sentencia debe ser fundada y es recurrible, por lo que el afectado puede impugnarla. Así, se descartó la alegada vulneración del debido proceso.

¿Se condena en costas a quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad que es rechazado por el Tribunal Constitucional?

En este caso, el Tribunal no condenó en costas a la requirente, porque tuvo motivo plausible para litigar. La decisión se fundó en esa circunstancia y no en una regla general.

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