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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por un abogado imputado por prevaricación y otros delitos, que impugnaba el artículo 231 del Código Penal en el marco de una causa seguida ante un juzgado de garantía de Santiago. El requirente alegaba que la norma vulneraba la Constitución. El Tribunal estimó que la determinación de la pena es facultad privativa de los tribunales y que el margen de discrecionalidad que la norma otorga al juez es adecuado, establece límites claros y no deja sanciones abiertas, sin afectar el derecho a defensa, pues toda sentencia debe ser fundada y recurrible. En consecuencia, no advirtió infracción constitucional y rechazó el requerimiento, sin condenar en costas por estimar que existió motivo plausible para litigar.

Normas citadas

  • Art. 231 Código Penal
  • Art. 470 N° 11 Código Penal
  • Art. 97 N° 4 y N° 5 Código Tributario
  • Art. 93 Constitución Política de la República
  • Ley N° 17.997 Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
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Preguntas frecuentes

¿Es inconstitucional el artículo 231 del Código Penal por dar al juez demasiado margen para fijar la pena?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y no advirtió infracción constitucional. Estimó que la determinación de la pena es facultad privativa de los tribunales y que el margen de discrecionalidad que la norma otorga al juez es adecuado, con límites claros.

¿El margen de discrecionalidad judicial en la determinación de la pena vulnera el derecho a defensa?

Según este fallo, no. El Tribunal Constitucional sostuvo que la discrecionalidad no afecta el derecho a defensa, porque toda sentencia debe ser fundada y puede ser recurrida.

¿Procede condenar en costas a quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad que es rechazado?

En este caso, el Tribunal Constitucional no condenó en costas al requirente, por estimar que existió motivo plausible para litigar, aunque el requerimiento fue rechazado.

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