Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre qué órgano debe mantener y conservar la infraestructura de bienes nacionales de uso público ubicada fuera del área de una concesión de obra pública de autopistas urbanas. Recordó su criterio según el cual, en vías urbanas declaradas camino público por decreto supremo, subsisten las facultades municipales sobre alumbrado público y aseo y ornato, pues dicha declaración sólo produce efectos para la aplicación de las normas especiales de esas rutas. En consecuencia, concluyó que la mantención y conservación de las áreas verdes y calzadas locales que quedaron fuera de la concesión corresponde a los respectivos municipios. Agregó que el traspaso debe ajustarse a los principios de continuidad, coordinación y unidad de acción de la Ley N° 18.575, bastando que el Ministerio de Obras Públicas comunique a las municipalidades el cese de las obligaciones de la concesionaria. Lo anterior se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de la concesionaria o del Ministerio, y complementa y reconsidera, en lo pertinente, el dictamen N° 51.069, de 2008.