Resumen
La Contraloría General de la República se abstuvo de ejercer el control preventivo de juridicidad, esto es, de tomar razón, respecto de la resolución N° 723, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba un convenio entre esa Cartera y el Banco del Estado de Chile para el procedimiento de aplicación de beneficios regulados por el decreto N° 12, de 2011, del mismo Ministerio. El organismo fundó su decisión en la resolución N° 1.600, de 2008, de la propia Contraloría, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, por considerar que el convenio, atendida su naturaleza y objeto, se encuentra exento de dicho trámite. En consecuencia, remitió el acto administrativo, sin perjuicio de aplicar a su respecto las normas sobre controles de reemplazo contenidas en el Título VI de la referida resolución N° 1.600.