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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referido a una norma procesal, en el que las partes reclamaban que no se habían producido pruebas dentro de los plazos fijados por el tribunal de la causa. La resolución que consta en el texto íntegro rechaza el requerimiento en lo pertinente, por cuanto no se aprecia una aplicación inconstitucional de la norma impugnada, ya que las requirentes tuvieron oportunidad, dentro del término probatorio decretado, de presentar y rendir las probanzas que reclaman. El Tribunal agrega que el eventual incumplimiento de los plazos legales por los órganos jurisdiccionales constituye una infracción de la ley procesal, cuya corrección corresponde a los jueces del fondo y no a esta Magistratura. La decisión se fundamenta en el derecho a un procedimiento racional y justo y en el deber de pronta administración de justicia.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 77, inciso cuarto
  • Constitución Política, artículo 93, inciso primero, numeral 9
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La DignidadDerechos ImplicitosJurisdiccion Militar En Tiempos De GuerraProcedimientos Militares

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre si un tribunal de la causa no cumple los plazos legales para la tramitación de un proceso?

En este caso, el Tribunal sostuvo que el incumplimiento de los plazos legales por los órganos jurisdiccionales constituye una infracción de la ley procesal, cuya corrección corresponde a los jueces del fondo y no al Tribunal Constitucional.

¿Qué derechos constitucionales se consideran al resolver reclamos sobre plazos y producción de pruebas en un proceso?

En este caso, la decisión se fundamentó en el derecho a un procedimiento racional y justo y en el deber de pronta administración de justicia, reconocidos en la Constitución.

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