Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la actuación de una municipalidad que no efectuó una estimación del monto al que ascendería el gasto derivado de un contrato en el ejercicio presupuestario respectivo, concluyendo que dicho actuar no se ajustó a derecho. El dictamen recuerda que los actos de contenido patrimonial, como las bases de licitación o el contrato, deben someterse al control previo de la unidad municipal pertinente, precisando que los decretos de pago solo dan cumplimiento a obligaciones ya contraídas y no requieren necesariamente ese visado. En materia contable, objeta un decreto de pago emitido con imputación presupuestaria del ejercicio por un arriendo de diciembre de 2014, que solo sería correcto si las facturas se hubieran recibido desde el 1 de enero de 2015. Asimismo, ordena regularizar la contabilización de un decreto que disminuyó recursos mediante un tratamiento extrapresupuestario, dado que el gasto debía imputarse a otras cuentas según el decreto de adjudicación respectivo.