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La Contraloría General de la República analizó las bases de una licitación pública que…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República analizó las bases de una licitación pública que contemplaban criterios de evaluación, como la preparación académica del relator, y un sistema de multas sin procedimiento de impugnación. Concluyó que las bases no se ajustan a derecho: los criterios no responden a parámetros objetivos y, conforme al artículo 10 de la ley N° 18.575 y su jurisprudencia, debían prever un procedimiento para impugnar las multas. Aclaró que la toma de razón de las bases es solo una presunción de legalidad que no impide revisar el acto posteriormente. Sin embargo, como la licitación ya fue adjudicada y los contratos están suscritos y en ejecución, el órgano consideró que los adjudicatarios son terceros de buena fe, por lo que anular el proceso no podría afectarlos. Ordenó al organismo adoptar medidas para considerar lo observado en futuros procesos.

Normas citadas

  • ley 19518 art/27 inc/2
  • ley 19518 art/68
  • ley 19518 art/5
  • ley 19886 art/6 inc/1
  • dto 250/2004 hacie art/38
  • ley 18575 art/10
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿La toma de razón de las bases de una licitación pública impide que la Contraloría las revise después?

No. En este caso, la Contraloría aclaró que la toma de razón de las bases solo constituye una presunción de legalidad, por lo que no impide revisar el acto posteriormente.

¿Las bases de licitación pueden prever multas sin un procedimiento para impugnarlas?

No, según este dictamen. La Contraloría concluyó que las bases no se ajustaban a derecho porque, conforme al artículo 10 de la ley N° 18.575 y su jurisprudencia, debían prever un procedimiento para impugnar las multas.

¿Puede anularse una licitación ya adjudicada y con contratos en ejecución si las bases eran ilegales?

En este caso, no. Aunque las bases no se ajustaban a derecho, la Contraloría consideró que los adjudicatarios eran terceros de buena fe, por lo que anular el proceso no podría afectarlos, y solo ordenó al organismo considerar lo observado en futuros procesos.

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