Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una exfuncionaria municipal que pretendía acceder al bono de la ley N° 20.305. El organismo concluyó que no le corresponde el beneficio, ya que cesó por renuncia voluntaria antes de cumplir los 60 años de edad, situación distinta a la hipótesis contemplada en el artículo 13 de dicha ley. Respecto de la alegación de que la renuncia se firmó bajo efectos de medicamentos, el dictamen señaló que no se aportaron antecedentes que la acreditaran y que, de comprobarse, no sería posible invalidar el decreto alcaldicio que aceptó la renuncia, pues el plazo de dos años del artículo 53 de la ley N° 19.880 se encontraba vencido. Finalmente, las eventuales irregularidades en la tramitación de su jubilación se remitieron a la Superintendencia de Pensiones por ser de su competencia.