El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional resolvió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el inciso primero del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, en el marco de un proceso penal por conducción en estado de ebriedad que causó lesiones y muerte. La parte requirente sostuvo que la aplicación del precepto en la gestión pendiente producía efectos contrarios a la Constitución. El Tribunal consideró que la protección de la vida e integridad física es una finalidad legítima, pero que no puede afectar derechos fundamentales. Asimismo, aclaró que una eventual inaplicabilidad no implica impunidad, pues la pena sustitutiva también constituye sanción penal. Finalmente, el Tribunal acogió el requerimiento, concluyendo que la aplicación del precepto vulneraba la garantía de un justo y racional procedimiento.
Tribunal ConstitucionalINADelito de conducción en estado de ebriedadaccidente de transitoEjecucion Y Cumplimiento De La Pena
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito en un proceso penal por conducción en estado de ebriedad?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad contra el inciso primero del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, concluyendo que su aplicación en la gestión pendiente vulneraba la garantía de un justo y racional procedimiento.
¿Significa que la inaplicabilidad de una norma sobre conducción en estado de ebriedad conlleva impunidad?
En este caso, el Tribunal aclaró que una eventual inaplicabilidad no implica impunidad, porque la pena sustitutiva también constituye sanción penal.
¿La protección de la vida e integridad física justifica aplicar una norma que afecte derechos fundamentales en delitos de tránsito?
En este caso, el Tribunal reconoció que la protección de la vida e integridad física es una finalidad legítima, pero sostuvo que esa finalidad no puede afectar derechos fundamentales.
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