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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra la parte final del inciso primero del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, que suspende por un año la ejecución de penas sustitutivas en delitos de conducción en estado de ebriedad. El requirente sostuvo que dicha norma afectaba el derecho a un justo y racional procedimiento. El Tribunal acogió el requerimiento por considerar que la aplicación del precepto en la gestión pendiente produce efectos contrarios a la Constitución, especialmente respecto de esa garantía. Se aclaró que la decisión no implica impunidad, pues las penas sustitutivas también constituyen sanciones penales que restringen la libertad personal y buscan el control, la reinserción y evitar la reincidencia. La sentencia fue dictada con una prevención y una disidencia de la Presidenta del Tribunal.

Tribunal ConstitucionalINADebido Procesoprincipio de proporcionalidad de las penasLey de Tránsitopenas sustitutivas

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional suspender por un año la ejecución de penas sustitutivas en delitos de conducción en estado de ebriedad según la Ley de Tránsito?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad y consideró que aplicar la parte final del inciso primero del artículo 196 ter produce efectos contrarios a la Constitución, especialmente respecto del derecho a un justo y racional procedimiento.

¿Declarar inaplicable el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito significa que el condenado queda impune?

No, el Tribunal aclaró que la decisión no implica impunidad, porque las penas sustitutivas también son sanciones penales que restringen la libertad personal y buscan el control, la reinserción y evitar la reincidencia.

¿Qué efecto tiene una sentencia de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en un caso concreto?

En este caso, el Tribunal dejó sin aplicación en la gestión pendiente la norma impugnada del artículo 196 ter, por estimar que su aplicación vulnera el derecho a un justo y racional procedimiento, y la sentencia se dictó con una prevención y una disidencia de la Presidenta del Tribunal.

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