Resumen
La Contraloría General de la República reconsideró un dictamen previo y concluyó que una profesional funcionaria del Servicio de Salud Metropolitano Sur no debe sufrir las sanciones del artículo 12 de la ley N° 19.664 por haber renunciado a una especialización que cursaba en comisión de estudios. El organismo constató que la renuncia fue inducida por información errónea o incompleta entregada por distintas entidades públicas (la Universidad de Talca, el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud), a las que la interesada había consultado sobre cómo proceder ante una enfermedad que le impedía seguir. Invocó el principio de que un error de la Administración no puede perjudicar a quienes actuaron de buena fe, citando sus dictámenes N° 80.730 y 92.304, de 2016. Además, precisó que el Reglamento de Becarios (decreto N° 507, de 1990, del Ministerio de Salud) no rige en este caso, porque el acceso al programa fue en comisión de estudios.