Resumen
La Contraloría General de la República devolvió sin tramitar dos decretos del Ministerio Secretaría General de Gobierno que disponían, con ejecución inmediata, la transferencia de 510 millones de pesos a la Fundación Teletón para implementar y financiar una campaña solidaria, y que aprobaban el convenio respectivo. El organismo fiscalizador estimó que la imputación de esos recursos vulnera el principio de legalidad del gasto público, consagrado en la Constitución, en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y en la ley orgánica de la Contraloría, pues los servicios públicos solo pueden emplear fondos para los objetivos y casos expresamente previstos en el ordenamiento jurídico. Además, el convenio no estipuló las condiciones de reintegro de los recursos no utilizados, el decreto no transcribió íntegramente el acuerdo ni sus considerandos, existían errores en la numeración de las cláusulas y se omitió precisar el año de la escritura que acredita la personería del representante legal de la fundación.