Resumen
La Dirección del Trabajo se pronunció sobre el alcance de la prohibición de negociar colectivamente que el artículo 304, inciso tercero, del Código del Trabajo impone a empresas o instituciones públicas o privadas cuyos presupuestos, en cualquiera de los dos últimos años calendario, hayan sido financiados en más de un 50% directamente por el Estado. El organismo concluyó que la prohibición rige respecto de todas las entidades comprendidas en la norma que reciban ese aporte estatal, sin que sea requisito que los fondos se entreguen a título gratuito ni que impliquen una contraprestación. Para fundarlo, citó la interpretación de que la disposición atiende al origen estatal de los recursos y no a la modalidad que adopte el aporte, y que el texto legal no exige gratuidad. En consecuencia, reconsideró el dictamen N°3356/050, de 01.09.2014, y cualquier otra doctrina incompatible con lo resuelto en el oficio.