El Alcalde de la Municipalidad de Buin interpuso ante el Tribunal Constitucional un req…
Informe · Tribunal Constitucional · 2024
Resumen
El Alcalde de la Municipalidad de Buin interpuso ante el Tribunal Constitucional un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 17 de la Ley N° 18.556 y el artículo 61 de la Ley N° 18.695, que obligan a los Jueces de Garantía a comunicar al Servicio Electoral las acusaciones por delitos que merezcan pena aflictiva. Se alegó que ello vulnera la presunción de inocencia, el derecho a defensa y el debido proceso, invocando los artículos 4, 19 N° 3 y 83 de la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. El requirente pidió además suspender el procedimiento penal del Juzgado de Garantía de San Bernardo y los efectos de la inhabilitación para sufragar y de la suspensión del cargo, por urgencia, dada la cercanía de la reformalización y del cierre de la investigación. El texto final de la presentación contiene únicamente la solicitud de suspensión, sin una resolución que la acoja o rechace, por lo que este documento no permite establecer el sentido de la decisión del Tribunal.
Normas citadas
Artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República
Artículos 79 y siguientes de la Ley N° 17.997
Artículo 17, inciso primero del Decreto con Fuerza de Ley N° 5-2017
Artículo 61 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional De Municipalidades
Artículos 4, 19 N° 3 inciso sexto y 83 inciso segundo de la Constitución Política
Artículos 8.1, 23.2 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos
Artículo 5 inciso segundo de la Constitución Política
Artículo 239 del Código Penal
inaplicabilidad por inconstitucionalidadpresunción de inocenciaderecho a defensaprocedimiento racional y justoderechos políticosTribunal ConstitucionalSERVELdelito aflictivo
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que los Jueces de Garantía comuniquen al Servicio Electoral las acusaciones por delitos que merezcan pena aflictiva?
En este caso, el requirente impugnó el artículo 17 de la Ley N° 18.556 y el artículo 61 de la Ley N° 18.695 por considerar que vulneran la presunción de inocencia, el derecho a defensa y el debido proceso. El resumen no permite establecer qué resolvió el Tribunal sobre ese punto.
¿Qué derechos fundamentales se invocan contra la comunicación de acusaciones penales al Servicio Electoral?
En este caso, se invocaron los artículos 4, 19 N° 3 y 83 de la Constitución y los artículos 8.1, 23.2 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El documento no trae una decisión del Tribunal sobre esos argumentos.
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