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La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó una acción de protección presentada por un co…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025

Resumen

La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó una acción de protección presentada por un comité de seguridad ciudadana en contra de una fundación y del Servicio Nacional de la Discapacidad, por la instalación y funcionamiento de una residencia protegida para adultos con discapacidad mental, alegando supuesta falta de permisos de obra y de resolución sanitaria. El tribunal concluyó que no se acreditó una acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible a las recurridas, pues no se incumplió normativa alguna y los incumplimientos invocados eran el fundamento de las vulneraciones alegadas. Al no verificarse el presupuesto esencial de procedencia de la acción, esto es, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace derechos constitucionales, desestimó el recurso sin costas.

Normas citadas

  • Resolución Exenta N° 3493
  • Resolución Exenta N° 3357
  • Ley 20.898
  • Ley 20.609
  • Ley N° 20.422
  • Resolución Exenta N° 890
  • Resolución Exenta N° 926
  • Resolución Exenta N° 5200
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Preguntas frecuentes

¿Se puede acoger un recurso de protección si no se acredita un acto u omisión ilegal o arbitrario?

En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó la acción de protección porque no se acreditó una acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible a las recurridas, al no verificarse el presupuesto esencial de procedencia del recurso.

¿Basta alegar falta de permisos o resolución sanitaria para que prospere una acción de protección?

En este caso, la Corte sostuvo que los incumplimientos invocados eran el fundamento de las vulneraciones alegadas y que no se acreditó un acto u omisión ilegal o arbitrario, por lo que desestimó el recurso.

¿Qué debe probarse para que se acoja un recurso de protección por instalación de una residencia protegida?

Según esta sentencia, debe verificarse la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace derechos constitucionales; al no acreditarse, la Corte rechazó la acción sin costas.

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