La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó, sin costas, el recurso de protección in…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2023
Resumen
La Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó, sin costas, el recurso de protección interpuesto por una fundación en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, que cuestionaba las resoluciones que terminaron anticipadamente convenios de transferencia para proyectos de habitabilidad. La recurrente alegó vulneración de la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad. La Corte consideró que no existió indefensión, pues los actos administrativos eran revisables por las vías administrativas y judiciales generales, y que la autoridad actuó dentro de sus atribuciones, ya que el convenio la facultaba para actuar sin procedimiento previo, no siendo aplicable la Ley 19.886. Tampoco se acreditó un trato desigual ni afectación al derecho de propiedad, por tratarse de recursos públicos sujetos a rendición de cuentas.
Normas citadas
Artículo 19 N°2 Constitución Política de la República (igualdad ante la ley)
Artículo 19 N°3 Constitución Política de la República (debido proceso)
Artículo 19 N°24 Constitución Política de la República (derecho de propiedad)
Artículos 19 y 20 Constitución Política de la República
Ley 19.886 (Ley de Bases sobre Contratos Administrativos del Estado)
Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre recurso de protección
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Preguntas frecuentes
¿Procede el recurso de protección contra la terminación anticipada de un convenio de transferencia de recursos públicos por parte de un órgano del Estado?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Antofagasta rechazó el recurso porque no hubo indefensión: los actos administrativos eran revisables por las vías administrativas y judiciales generales. Además, la autoridad actuó dentro de sus atribuciones, pues el convenio la facultaba a poner término sin procedimiento previo.
¿Se aplica la Ley 19.886 de Compras Públicas a la terminación de convenios de transferencia de recursos del Estado a una fundación?
En este caso, la Corte concluyó que no era aplicable la Ley 19.886 a la terminación de estos convenios. Por eso no se consideró que la autoridad hubiera vulnerado derechos por no seguir un procedimiento de esa ley.
¿Puede una entidad privada invocar el derecho de propiedad o la igualdad ante la ley frente a la terminación de un convenio con recursos públicos?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Antofagasta no acreditó un trato desigual ni una afectación al derecho de propiedad. Estimó que se trataba de recursos públicos sujetos a rendición de cuentas, por lo que no había un derecho patrimonial lesionado.
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